La ley de seguridad nacional que Pekín quiere imponer en Hong Kong criminaliza la disidencia política e incluso podría permitir las extradiciones de sospechosos hongkoneses hacia China continental.

Hace semanas, la Asamblea Popular China, el máximo órgano legislativo de la República Popular China, aprobó un nuevo proyecto de ley de seguridad nacional. La nueva ley criminaliza efectivamente la disidencia contra Beijing en el territorio hongkonés, que había estado garantizada hasta ahora desde que Hong Kong pasara de manos británicas a reintegrarse con China en 1997.

La nueva ley controla “la posible secesión, la subversión, el terrorismo y la interferencia extranjera” en la ciudad. Y fue aprobada para detener los disturbios antigubernamentales y la agitación prodemocrática que sacuden a Hong Kong desde hace un año.

El dirigente hongkones Tam Yiu-chung advirtió en las últimas horas que esta nueva ley de seguridad permitiría la extradición de criminales de Hong Kong al país continental, un punto muy polémico que funcionó como gatillo para parte importante de protestas el año pasado.

Los defensores de un sistema más democrático en Hong Kong consideran el impulso de esta ley de seguridad un ataque al principio “Un país, dos sistemas” establecido por Den Xiaoping hace ya 23 años, cuando Hong Kong se reintegró a China cedida por Gran Bretaña. Según lo acordado en aquel entonces, Hong Kong tendría mayor libertad política y económica que el resto del continente y esta situación permanecería sin cambios hasta, al menos, 2047. Esas bases y condiciones parecieran correr peligro hoy.