A principios de junio, la Justicia porteña le ordenó al gobierno de la Ciudad garantizar una computadora a los estudiantes de familias vulnerables y residentes en barrios populares de la CABA. La sentencia había sido dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo y daba un plazo de cinco días para resolver la situación.

Desde que el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA N2 tomó esa resolución, el Gobierno de la Ciudad no tomó medidas para remediar la situación en el plazo previsto.

Por eso, en los últimos días el juzgado de Gallardo hizo lugar a la denuncia por incumplimiento de esa sentencia y resolvió que el Poder Judicial armara un registro de estudiantes que no tienen acceso a las condiciones tecnológicas necesarias como para seguir estudiando, como herramienta para seguir insistiendo al Gobierno de Rodríguez Larreta para que cumpla con el fallo original.

La respuesta del GCBA a la medida tomada por Gallardo fue recusar al juez, removiéndolo de la causa. Desde el gremio docente UTE caracterizaron este accionar como “un nuevo atropello por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad utilizando manejos nefastos para trabar la causa.”