El impuesto a la riqueza que se trata hoy en el Congreso de la Nación, desató una ola de críticas por parte de empresarios y tributistas. Asimismo, mientras los contadores de los grandes contribuyentes se preparan para dar la batalla en la Justicia en caso de que el proyecto de ley prospere, – algo que parece ser ya un hecho -, algunos referentes del sector privado sugieren que este impuesto sea convertido en una especie de bono para poner en marcha la actividad económica del sector.

Por una parte, la Unión industrial Argentina propone que, no se graven los activos productivos. Además, solicitaron que el saldo que se paga sirva como una especie de “bono” para hacer inversiones y capitalizar la empresa en cuestión.

Mientras tanto, un hombre conocido en el sector privado como Amadeo Vázquez, quien es expresidente de Telecom y ex CEO del Banco Río, sugiere que en vez de cobrarse un impuesto, se sancione una ley que permita a quienes tengan un patrimonio mayor a $600 millones a invertir un 3% de su patrimonio en nuevos bonos u obligaciones negociables registradas en la Comisión Nacional de Valores.

El objetivo de la propuesta es fomentar el apalancamiento del sector privado en el mercado de capitales y así ayudar a la reconstrucción del sector privado, hoy fuertemente golpeado por la pandemia producto del coronavirus.

Según Vázquez “a ley debería establecer sanciones por incumplimientos de inversión no menores a las tasas de interés previstas para las inversiones. El concepto clave es que estamos ante una inversión solidaria entre privados y no un ingreso tributario de carácter fiscal”.

El impuesto a la riqueza es un tributo que propone la bancada del oficialismo con el objetivo de gravar por única vez los patrimonios mayores a $200 millones. Según los cálculos que maneja el AFIP, el impuesto alcanzaría a un universo de 9.298 personas. Se estima que la recaudación potencial estaría cercana a los $307.000 millones.