Se disputa la permanencia de tres jueces en la Corte Suprema

La Corte se reunirá hoy para definir el lugar de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Propondrían una solución intermedia.

Este martes, la Corte Suprema definirá la validez del traslado de Bruglia, Bertuzzi y Castelli propuesta durante el anterior gobierno. Se trata de los jueces que habían sido apuntados para investigar y juzgar los casos abiertos contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Los jueces habían presentado el recurso per saltum que corresponde a la ley 26.790; es un recurso extraordinario ante casos que se consideran de gravedad institucional que excedan el interés de la causa.

La posterior aceptación del recurso y el freno del traslado se debate hoy. Se fallaría la anulación de la resolución, por un lado. Por otro, el traslado podría ocurrir después de que tengan lugar los concursos. Sin embargo, se impedirá que sus cargos se sumen a concursos ya existentes para las mismas vacantes. Sería una solución transitoria al desplazamiento de los jueces, y los plazos de su posible permanencia en sus cargos no está definida.

 Para algunos jueces, se trata de una posición intermedia entre la oposición y el oficialismo, entre la legalidad del traslado y el recurso solicitado. En otros casos, se interpreta que el desplazamiento será inminente. Pero un sector de la oposición considera que el recurso es una respuesta adecuada, porque su desplazamiento implicaría enlentecer el proceso de regulación de los tribunales. Desde este punto de vista, se rechaza de jueces nombrados “a dedo” por intereses externos.

Es importante remarcar que los jueces apelaron para ocupar cargos anteriores a los designados durante el gobierno macrista, por lo que las consecuencias definitivas de su permanencia están por verse. La reacción ante esta definición se sostiene sobre las tensiones políticas y los reclamos de la oposición y sus simpatizantes, que estuvieron en alza durante los últimos meses. La integración de los tribunales fue el centro de la polémica en agosto de este año, con la implementación del sistema acusatorio.

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