La medida generó rechazo entre economistas

            A través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), la Secretaría de Comercio Interior informó que “imputó” a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, a las que acusó de retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. Varias décadas atrás se pueden encontrar casos de aplicación de sanciones por desabastecimiento a las compañías.

            “Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de capacidad instalada y arbitrar lso medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda” aseguró un comunicado difundido por el ministerio del Desarrollo Productivo.

Por su parte, desde el ministerio explicaron que se trata de un proceso administrativo a partir del cual se abre un expediente de oficio. La medida fue llevada a cabo en el marco de la resolución 100/2020, publicada el año pasado, que estableció el marco legal para la implementación del programa de Precios Máximos. Cuando se llevaron a cabo las fiscalizaciones en los comercios, los inspectores de la subsecretaría identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Por eso, más tarde, realizaron inspecciones en las oficinas administrativas para diversas empresas proveedoras, lo que derivó en pedidos de informaciópn sobre stocks e inventarios de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.