
Gustavo Elías, el operador a la sombra de los Neuss: cómo el Gobierno de Milei arma una licitación escandalosa de la Hidrovía que beneficiaría a un reducido círculo de amigos del poder
Enzo Amadeo Marquez
Buenos Aires, 26 de mayo de 2026
En las sombras de la mayor licitación del gobierno de Javier Milei —la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay por 25 años, con una facturación estimada entre 200 y 300 millones de dólares anuales— aparece con fuerza el nombre de Gustavo Elías, un empresario bahiense conocido como “el turco” o “el pulpo de los puertos argentinos”, con fuerte influencia en el puerto de Bahía Blanca y estrechos vínculos con el Grupo Neuss.
La licitación, que se encuentra en su etapa final, tiene como principales oferentes a las belgas Jan de Nul (actual operadora desde 1995) y DEME. Sin embargo, denuncias parlamentarias y periodísticas señalan que detrás de Jan de Nul operarían como socios ocultos o subcontratistas el Grupo Neuss (amigos de la infancia de Santiago Caputo), Juan Ondarcuhu y el propio Gustavo Elías, quienes se quedarían con el tramo de balizamiento y mantenimiento.
El rol clave de Gustavo Elías
Gustavo Elías, presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca y referente del puerto local, es señalado como uno de los contratistas clave que podría quedarse con la totalidad del balizamiento. Fuentes del sector indican que el tándem Ondarcuhu-Elías es el favorito para ese tramo estratégico, subcontratados por Jan de Nul.
Elías ya ha sido mencionado en otras operaciones controvertidas, como el posible traspaso privado del puerto de Tierra del Fuego. Su ascenso coincide con el meteórico crecimiento de los Neuss, quienes en poco más de un año pasaron de operar en gaseosas y retail a controlar activos estratégicos como Transener, represas hidroeléctricas y distribuidoras eléctricas en varias provincias.
Irregularidades denunciadas en el pliego
Diputados como Jorge Taiana han denunciado que el pliego fue diseñado “a medida” para excluir competidores chinos y favorecer a Jan de Nul y sus socios locales. Se habla de cláusulas secretas que permitirían ceder hasta el 50% del negocio a grupos argentinos vinculados al poder.
Además, se investiga la posible falsificación de un informe técnico atribuido a la ONU, según denuncias presentadas en el Congreso y ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Organismos ambientales y la Fundación por la Paz y el Cambio Climático han alertado sobre la falta de estudios de impacto ambiental integral, lo que podría generar daños irreversibles en el ecosistema del Paraná.
Crítica al modelo: capitalismo de amigos y entrega de soberanía
Este caso es la expresión más clara del capitalismo de amigos que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Mientras se recorta en educación, salud, PAMI, universidades y subsidios al gas en zonas frías, se arman licitaciones millonarias para beneficiar a un reducido círculo de empresarios cercanos al poder (Neuss, Elías, Ondarcuhu, Román y otros).
La Hidrovía no es un negocio cualquiera. Es la principal arteria logística del país. Quien la controle manejará durante 25 años el flujo de granos y commodities que representa la mayor parte de las exportaciones argentinas. Entregar este activo estratégico a grupos vinculados al poder es una entrega de soberanía en toda regla.
El Gobierno que llegó prometiendo terminar con la “casta” y la “patria contratista” está armando su propia red de amigos del poder. Mientras Milei y Caputo piden sacrificio a la gente, sus allegados se reparten los negocios más jugosos del Estado.
Esta no es una licitación transparente. Es una operación política y económica que prioriza los intereses de una élite por sobre el interés nacional. Mientras el pueblo ajusta, un puñado de empresarios cercanos al poder se prepara para controlar uno de los activos más valiosos de la Argentina por las próximas dos décadas y media.
El escándalo que se avecina con la Hidrovía promete ser uno de los más grandes de la gestión Milei. La opacidad, los pliegos a medida, los vínculos con el poder político y la falta de estudios ambientales generan legítimas sospechas de favoritismo y corrupción.
Mientras tanto, los argentinos siguen pagando el costo de un modelo que beneficia a unos pocos y ajusta sin piedad sobre la gran mayoría.


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