Enzo Amadeo Marquez
La salud de una democracia no se mide únicamente por la regularidad de sus procesos electorales o el equilibrio de sus cuentas fiscales; se mide, fundamentalmente, por su capacidad para tolerar la disidencia, el cuestionamiento y el ejercicio libre del periodismo. Los episodios ocurridos en las últimas horas en el marco del 62° Coloquio de IDEA marcan un preocupante punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo nacional y los medios de comunicación. A través de una videollamada transatlántica desde Francia, el presidente Javier Milei interrumpió el eje económico de su disertación para arremeter de forma directa e inquisidora contra el secretario de redacción del diario La Nación, José Del Río, quien se desempeñaba como moderador del tradicional encuentro empresarial en Mar del Plata.
La agresión discursiva se desató cuando el mandatario acusó, sin aportar pruebas concluyentes, a dos periodistas de ese mismo medio de haber "insultado" y hostigado a los economistas Sebastián Galiani y Rafael Di Tella por el único hecho de manifestar opiniones favorables hacia el programa económico oficial. A pesar de que el propio Del Río intentó encauzar el diálogo aclarando que había dialogado personalmente con los involucrados y desmentido cualquier tipo de amenaza, el jefe de Estado alzó la voz de manera desmedida y redobló la apuesta inquisitoria en pleno auditorio empresarial. Este ensañamiento contra la labor de cronistas e investigadores no es un exabrupto aislado; constituye un modus operandi corporativo que busca sembrar el miedo, silenciar las voces críticas y sembrar en la ciudadanía la peligrosa idea de que el periodismo independiente es un enemigo de la patria.
La gravedad de esta conducta oficial ya ha traspasado las fronteras de nuestro país, encendiendo alarmas globales que dañan severamente el prestigio de la República. El inicio de la gira presidencial por la Argentina Week en París se vio sacudido por una inédita y contundente acción de la prestigiosa organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF). La ONG sacó a las calles de la capital francesa un camión ploteado con las frases más violentas y denigrantes que el mandatario argentino ha vertido en sus redes sociales, donde llegó a catalogar a los profesionales de los medios como "basuras inmundas", "corruptos" o "sicarios de la pluma".
Las estadísticas presentadas por RSF son abrumadoras: el Presidente compartió o difundió un promedio de 36 publicaciones hostiles al día contra la prensa en períodos clave de su gestión, lo que motivó que la organización lo catalogara formalmente como un "peligro para la libertad de prensa".
Este constante bombardeo discursivo que se baja desde lo más alto del Estado argentino hacia el tejido comunitario tiene consecuencias colectivas directas. Al convalidar e institucionalizar el hostigamiento hacia los comunicadores, el Gobierno nacional emite una peligrosa autorización tácita para que el odio y la intolerancia se trasladen a la calle, a los cordones policiales y a las redes de militancia digital. Históricamente, los peores momentos de nuestra historia institucional estuvieron precedidos por el intento sistemático del poder de clausurar el control público de los actos de gobierno. Pretender que la prensa actúe como un simple aparato de propaganda oficialista y tildar de "ensobrado" o "corrupto" a todo aquel que exhiba los alarmantes índices de pobreza e informalidad del INDEC es una práctica de características autocráticas.
La reconstrucción del entramado institucional argentino exige que el arco político del Congreso de la Nación, las entidades empresariales y la sociedad civil comprendan que sin libertad de prensa no hay república posible. El avasallamiento perpetrado en el Coloquio de IDEA frente al establishment económico local demuestra que el oficialismo no tolera la fiscalización independiente, prefiriendo el monólogo de las redes sociales por sobre el debate democrático transparente. En tiempos donde el bolsillo popular sufre las consecuencias de un ajuste severo, defender el derecho a preguntar y a informar surge como un imperativo ético irrenunciable para garantizar que la realidad social de las mayorías postergadas no quede sepultada bajo el peso de la censura y la descalificación oficial.La salud de una democracia no se mide únicamente por la regularidad de sus procesos electorales o el equilibrio de sus cuentas fiscales; se mide, fundamentalmente, por su capacidad para tolerar la disidencia, el cuestionamiento y el ejercicio libre del periodismo.
Los episodios ocurridos en las últimas horas en el marco del 62° Coloquio de IDEA marcan un preocupante punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo nacional y los medios de comunicación. A través de una videollamada transatlántica desde Francia, el presidente Javier Milei interrumpió el eje económico de su disertación para arremeter de forma directa e inquisidora contra el secretario de redacción del diario La Nación, José Del Río, quien se desempeñaba como moderador del tradicional encuentro empresarial en Mar del Plata.
La agresión discursiva se desató cuando el mandatario acusó, sin aportar pruebas concluyentes, a dos periodistas de ese mismo medio de haber "insultado" y hostigado a los economistas Sebastián Galiani y Rafael Di Tella por el único hecho de manifestar opiniones favorables hacia el programa económico oficial. A pesar de que el propio Del Río intentó encauzar el diálogo aclarando que había dialogado personalmente con los involucrados y desmentido cualquier tipo de amenaza, el jefe de Estado alzó la voz de manera desmedida y redobló la apuesta inquisitoria en pleno auditorio empresarial. Este ensañamiento contra la labor de cronistas e investigadores no es un exabrupto aislado; constituye un modus operandi corporativo que busca sembrar el miedo, silenciar las voces críticas y sembrar en la ciudadanía la peligrosa idea de que el periodismo independiente es un enemigo de la patria.
La gravedad de esta conducta oficial ya ha traspasado las fronteras de nuestro país, encendiendo alarmas globales que dañan severamente el prestigio de la República. El inicio de la gira presidencial por la Argentina Week en París se vio sacudido por una inédita y contundente acción de la prestigiosa organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF). La ONG sacó a las calles de la capital francesa un camión ploteado con las frases más violentas y denigrantes que el mandatario argentino ha vertido en sus redes sociales, donde llegó a catalogar a los profesionales de los medios como "basuras inmundas", "corruptos" o "sicarios de la pluma".
Las estadísticas presentadas por RSF son abrumadoras: el Presidente compartió o difundió un promedio de 36 publicaciones hostiles al día contra la prensa en períodos clave de su gestión, lo que motivó que la organización lo catalogara formalmente como un "peligro para la libertad de prensa".
Este constante bombardeo discursivo que se baja desde lo más alto del Estado argentino hacia el tejido comunitario tiene consecuencias colectivas directas. Al convalidar e institucionalizar el hostigamiento hacia los comunicadores, el Gobierno nacional emite una peligrosa autorización tácita para que el odio y la intolerancia se trasladen a la calle, a los cordones policiales y a las redes de militancia digital.
Históricamente, los peores momentos de nuestra historia institucional estuvieron precedidos por el intento sistemático del poder de clausurar el control público de los actos de gobierno. Pretender que la prensa actúe como un simple aparato de propaganda oficialista y tildar de "ensobrado" o "corrupto" a todo aquel que exhiba los alarmantes índices de pobreza e informalidad del INDEC es una práctica de características autocráticas.
La reconstrucción del entramado institucional argentino exige que el arco político del Congreso de la Nación, las entidades empresariales y la sociedad civil comprendan que sin libertad de prensa no hay república posible.
El avasallamiento perpetrado en el Coloquio de IDEA frente al establishment económico local demuestra que el oficialismo no tolera la fiscalización independiente, prefiriendo el monólogo de las redes sociales por sobre el debate democrático transparente. En tiempos donde el bolsillo popular sufre las consecuencias de un ajuste severo, defender el derecho a preguntar y a informar surge como un imperativo ético irrenunciable para garantizar que la realidad social de las mayorías postergadas no quede sepultada bajo el peso de la censura y la descalificación oficial.
