El agua en manos privadas: el grupo de Mauricio Filiberti se quedó con AySA por debajo del valor esperado por el Gobierno

El proceso de desmantelamiento de las empresas públicas nacionales sumó este jueves un hito fundamental con la apertura de los sobres económicos para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según datos oficiales del sistema ContratAr recopilados por el Ministerio de Economía, la compulsa se definió a favor del consorcio integrado por Rowing, Transclor, Arcos Saneamento y el fondo holandés PHX, que presentó una oferta de US$ 340,2 millones por el 90% del paquete accionario de la compañía. El grupo competidor, liderado por el holding Roggio ROAS, quedó relegado al proponer un desembolso de US$ 285 millones. La paradoja del resultado es que, a pesar de alzarse con la victoria, la mejor oferta económica quedó un 30% por debajo de los US$ 500 millones que la administración de Javier Milei pretendía recaudar originalmente con el remate del recurso estratégico.

Detrás de la frialdad de las planillas de licitación pública se esconde una trama corporativa que alimenta fuertes sospechas sobre los verdaderos beneficiarios del desarme estatal. El protagonista excluyente del holding ganador es el mega empresario Mauricio Filiberti, propietario de la firma Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Filiberti, conocido históricamente en el círculo del poder como el "Rey del Cloro", opera desde la década del 90 como el principal proveedor monopólico de los insumos químicos destinados a la potabilización del agua de AySA. Con este traspaso accionario avalado por el ministro Luis Caputo, se consolida un conflicto de intereses escandaloso: el histórico proveedor de la compañía cruza el mostrador estatal para transformarse de forma directa en el nuevo dueño del servicio esencial. Filiberti ya había anticipado sus intenciones al modificar de urgencia los estatutos de su química para habilitarla a explotar servicios públicos a fines de agosto, completando hoy una nueva pieza para su calendario de acumulación corporativa.

Para los más de 14 millones de habitantes que dependen de la red de agua potable y cloacas en la Capital Federal y los 26 municipios del conurbano bonaerense, el desembarco del capital privado plantea un escenario de extrema incertidumbre social. El nuevo contrato de concesión contempla un plan de acción obligatorio por $2,89 billones para el período 2027-2031, atando los compromisos del operador privado a metas de expansión de cobertura. Sin embargo, la contracara inevitable de este esquema es un inminente y severo impacto en los cuadros tarifarios fijos que abonan mensualmente los hogares. Al eliminarse el financiamiento del Tesoro Nacional y quedar liberada la operación a la lógica de rentabilidad de los mercados, la empresa concesionaria trasladará de forma directa los costos de mantenimiento y las mejoras de infraestructura a las facturas domiciliarias, asfixiando aún más el poder adquisitivo de las familias de clase media y de los sectores vulnerables.

La entrega de AySA reedita las cuestionadas experiencias de la década de los 90 bajo un ropaje libertario que prioriza hacer caja rápida antes que resguardar el patrimonio estratégico común. Mientras el oficialismo festeja el hito de privatización argumentando el fin de los costos para los contribuyentes, amplios sectores opositores de la Cámara de Diputados se preparan para auditar de cerca el proceso de adjudicación definitiva. El agua, un recurso vital humano, pasa a formar parte de los activos privados de los grandes magnates de las finanzas y los servicios, abriendo un preocupante interrogante sobre los derechos de los usuarios en mora y la falta de control democrático sobre un elemento esencial para la vida.