Enzo Amadeo Marquez
La escalada de tensión entre la comunidad educativa y el Gobierno nacional sumó en las últimas horas un capítulo de extrema gravedad institucional que evoca las épocas más oscuras del país. Estudiantes de diversas universidades públicas decidieron llevar adelante una sentada pacífica dentro de las instalaciones del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, con un pliego de reclamos elementales: el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un aumento de emergencia para las devaluadas Becas Progresar.
Sin embargo, la respuesta del oficialismo no fue el diálogo ni la búsqueda de consensos, sino el desprecio burocrático y una posterior expulsión por la fuerza pública que marca un hecho inédito e indignante desde la vuelta a la democracia.
Testimonios directos de los estudiantes que participaron de la protesta relataron a Buenos Aires Noticias la escandalosa trastienda de lo que debió ser una mesa de negociación formal. Los delegados estudiantiles fueron recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, un funcionario de bajísimo perfil público a quien en los pasillos de las facultades ironizan catalogándolo como un "holograma" o una inteligencia artificial debido a su constante inacción ante el vaciamiento educativo. El encuentro duró menos de cinco minutos y terminó de la peor manera. Según explicaron los jóvenes, Torrendell levantó el teléfono en pleno recinto para consultar los márgenes de negociación con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La respuesta de la funcionaria del otro lado de la línea fue un tajante y vulgar desprecio: "no negociamos con ellos, con los estudiantes no se negocia". Tras la orden ministerial, las fuerzas de seguridad ingresaron al palacio de manera coordinada para desalojar físicamente a los alumnos, clausurando cualquier vía institucional de resolución.
La paradoja del escenario actual es que, mientras Pettovello y Torrendell eligen la fuerza y el ninguneo para lidiar con el conflicto, el andamiaje legal de la República comenzó a ponerle un freno de mano definitivo al desguace libertario. En las últimas horas de este jueves, un juez federal Martin Cormick contencioso administrativo dictó un fallo histórico al declarar la nulidad absoluta del decreto presidencial con el que Milei pretendía congelar las partidas presupuestarias universitarias de forma arbitraria.
La contundente sentencia judicial ratifica de manera taxativa que el Gobierno nacional no puede gobernar por encima de las leyes de la Nación y le ordena al Ministerio de Capital Humano transferir de forma inmediata los montos correspondientes para salarios docentes y gastos de funcionamiento. Aunque el oficialismo ya adelantó de forma corporativa que apelará la medida para dilatar los plazos y llevar el caso a la Corte Suprema, el veredicto judicial deja expuesto ante la sociedad que la motosierra libertaria está operando al margen de la legalidad constitucional.
