Freno al festival de pasaportes: Carignano y Rossi presentan una ley para prohibir la "Ciudadanía por Inversión" de Caputo

La resistencia legislativa frente al programa de desregulación y desguace patrimonial sumó un nuevo y determinante capítulo en el Palacio del Congreso. Los diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, Florencia Carignano y Agustín Rossi (Unión por la Patria), presentaron formalmente un proyecto de ley con el objetivo unívoco de prohibir el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de transacciones financieras, y derogar por completo el cuestionado régimen de "Ciudadanía por Inversión".

La iniciativa surge como respuesta directa al polémico anuncio formulado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la Argentina Week en París. El oficialismo busca implementar un esquema exprés que permita comprar el pasaporte nacional mediante una contribución de US$ 350.000 al Tesoro o la compra de bonos soberanos por US$ 800.000. Para los legisladores santafesinos, se trata de una flagrante entrega de soberanía corporativa que carece de sustento constitucional.

El andamiaje argumental de la propuesta que impulsan Carignano y Rossi apunta directo contra la inconstitucionalidad del mecanismo empleado por la Casa Rosada mediante el DNU 366/2025. Los fundamentos del texto recuerdan que la Constitución Nacional atribuye al Congreso de la Nación la competencia exclusiva sobre las leyes de naturalización y nacionalidad. Sostienen que el Poder Ejecutivo avasalló las facultades del cuerpo al modificar por decreto de necesidad y urgencia la histórica Ley de Ciudadanía N° 346. "Nunca en mi vida pensé tener que hacer un proyecto de ley para prohibir que vendan la ciudadanía argentina", disparó con dureza Rossi en declaraciones radiales, catalogando a la actual administración como el gobierno más "vende patria" de la historia reciente del país. El proyecto ratifica que ninguna contraprestación o billetera económica puede reemplazar el requisito constitucional del arraigo y los dos años de residencia efectiva en el suelo argentino.

Más allá del debate netamente formal y jurídico, la columna de opinión de los diputados opositores alerta sobre las severas e inminentes consecuencias internacionales que este festival de pasaportes exprés acarreará para los ciudadanos argentinos comunes. Basándose en experiencias comparadas y advertencias de organismos financieros globales, Rossi y Carignano denunciaron que estos esquemas de ciudadanía por dinero representan un altísimo riesgo de permeabilidad para actividades ligadas al lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento de estructuras opacas. Lejos de tratarse de un beneficio, el ingreso de capitales golondrina sin la debida diligencia terminará por destruir la credibilidad internacional del pasaporte nacional, lo que inevitablemente provocará que otros países impongan mayores restricciones migratorias y financieros sobre los trabajadores y estudiantes argentinos que viajen al exterior.

Sin embargo, el núcleo más sensible y sospechoso detrás del plan que digita Luis Caputo reside en su vinculación directa con el control territorial y de los recursos naturales. El análisis político de la oposición asocia este programa con la desregulación total de la Ley de Tierras, un andamiaje protector que el oficialismo buscó desactivar.

Carignano advirtió con firmeza que una ciudadanía obtenida de forma exprés mediante una contraprestación económica se convertirá en un peligroso atajo legal para eludir los límites y restricciones que alcanzan a los extranjeros para adquirir campos estratégicos o inmuebles rurales en zonas de frontera. Al nacionalizarse de forma exprés gracias a sus abultadas billeteras, los mega magnates extranjeros de la tecnocracia y las finanzas globales dejarían de estar alcanzados por las leyes de control de dominio rural, consolidando la extranjerización encubierta de nuestra superficie productiva.

La iniciativa presentada por los representantes santafesinos exige la disolución inmediata de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y el archivo definitivo de cualquier trámite que se haya iniciado bajo este polémico esquema normativo. "La Argentina necesita inversiones, pero inversiones genuinas que vengan a radicarse, generen empleo real y paguen sus correspondientes impuestos", concluye el texto parlamentario en sus fundamentos. El debate quedó planteado en la Cámara baja y expone una vez más las prioridades encontradas de dos modelos de país irreconciliables: un oficialismo dispuesto a ponerle una etiqueta con precio de liquidación a los símbolos patrios para hacer caja transitoria, y una oposición legislativa que intenta plantarse para recordar que la nacionalidad de los argentinos no está en venta.